El auge del interés por el peritaje judicial contable ha generado una mayor oferta de cursos y programas de formación en esta área. Sin embargo, este crecimiento ha venido acompañado de un fenómeno alarmante: la proliferación de docentes que inflan su currículum, tergiversan su experiencia profesional y se presentan como expertos sin haber ejercido nunca funciones reales como peritos ni como contadores auditores.

Esta práctica no solo vulnera principios éticos básicos, sino que además pone en entredicho la calidad de la formación, debilita la confianza en el sistema de justicia y perjudica a quienes legítimamente buscan ejercer como peritos judiciales de forma profesional y conforme a la ley.

Currículums inflados: una práctica cada vez más frecuente

En diversos programas de capacitación —algunos incluso con publicidad masiva en redes sociales— se han detectado casos graves en los que docentes aseguran haber trabajado como peritos judiciales sin haber sido jamás designados por una Corte de Apelaciones, o bien, afirman tener trayectoria profesional como contadores auditores sin poseer el título habilitante.

Entre las principales irregularidades observadas se encuentran:

• Simulación de experiencia judicial: uso de términos vagos como “asesor pericial” o “consultor judicial” sin ningún respaldo en nombramientos oficiales ni causas específicas.

• Inexistencia de ejercicio profesional: personas que imparten clases sin haber trabajado nunca como contadores auditores, ni en el sector privado ni público.

• Usurpación de credenciales: inclusión de títulos académicos o grados de postgrado no reconocidos o directamente inexistentes.

• Apropiación de experiencia ajena: uso de informes, dictámenes o causas redactadas por terceros como si fueran propias.

• Falsas publicaciones o membresías: afirmaciones de pertenencia a asociaciones profesionales, participación en congresos o autoría de artículos que no pueden ser verificados.

Estas acciones representan faltas graves a la probidad académica y profesional, constituyen una forma de engaño hacia los estudiantes, y podrían incluso configurar infracciones legales si se incurre en falsificación de documentos o títulos.

Impacto directo en la calidad de la justicia

El peritaje judicial contable no es una actividad meramente técnica; implica la colaboración directa con los tribunales de justicia mediante la emisión de informes que pueden influir en decisiones judiciales de alto impacto. Por lo tanto, la formación de peritos requiere rigor, experiencia comprobable y profundo conocimiento del sistema legal y contable.

Permitir que personas sin idoneidad profesional enseñen en esta área socava la confianza del Poder Judicial en los peritos que provienen de ciertos programas de formación, expone a los postulantes a la exclusión de registros oficiales y pone en riesgo la validez de sus futuras intervenciones judiciales.

Además, esta situación afecta la equidad del sistema, ya que quienes sí cumplen con los estándares académicos y profesionales compiten en condiciones desiguales con egresados de programas que prometen accesos fáciles y rápidos al ejercicio pericial sin cumplir con los requisitos legales mínimos.

Responsabilidad ética de las instituciones formadoras

Las instituciones que ofrecen cursos en peritaje judicial contable tienen la responsabilidad ineludible de:

• Verificar la trayectoria profesional real de sus docentes mediante documentación comprobable, nombramientos judiciales, experiencia profesional y títulos válidos.

• Transparencia curricular: publicar claramente el perfil de los docentes con links verificables o antecedentes trazables.

• Mecanismos de denuncia y control ético en caso de identificar falsedades o engaños por parte del equipo académico.

• Asegurar la alineación de sus contenidos con la normativa del Poder Judicial, las exigencias de las Cortes y la legislación vigente.

Quienes ejercen la docencia sin la debida preparación están vulnerando el derecho a una formación seria, legítima y útil de cientos de personas que depositan su confianza y recursos en estos programas.

Llamado a la fiscalización y al criterio profesional

Frente a esta realidad, se hace un llamado a:

• Los estudiantes y postulantes: a investigar cuidadosamente quiénes serán sus docentes, exigir credenciales verificables y desconfiar de promesas de “acceso rápido” al sistema judicial.

• Las instituciones educativas y formadoras: a revisar sus procesos de contratación docente y elevar sus estándares de transparencia y responsabilidad académica.

• Los organismos públicos y privados: a fiscalizar y sancionar, si corresponde, a quienes falseen antecedentes para ejercer funciones docentes o profesionales.

Conclusión: sin verdad, no hay formación ni justicia

El peritaje judicial contable exige un alto estándar de integridad. No puede ni debe ser enseñado por quienes no respetan la verdad sobre su experiencia profesional. Una docencia fundada en el engaño no solo perjudica a los alumnos, sino que también debilita la calidad del sistema judicial.

La construcción de una justicia técnica, transparente y eficaz empieza en las aulas, pero solo si quienes están frente a ellas tienen la experiencia, la ética y el compromiso que esta función requiere.

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